El incumplimiento de los plazos de pago en España sigue siendo un problema grave tanto en el sector público como en el privado, según el Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023 presentado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
A pesar de que el sector público redujo el retraso en el plazo de pago en 12 días en el año 2023, la media de 55 días aún está muy lejos de alcanzar el objetivo de 30 días. Por otro lado, en el sector privado el retraso aumentó en tres días, alcanzando una media de 70 días, incumpliendo los 60 días establecidos por ley.
El presidente de la asociación Antoni Caete denunció que el 62% de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley, sin consecuencias. Además, el 93% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, y el 85% nunca o casi nunca exigieron los intereses de demora a sus clientes morosos.
En cuanto a los plazos de pago en el sector público, más de la mitad de los encuestados señalaron que la Administración Local es la que más tarda en pagar, seguida por la Administración Regional y la Administración Central. En el sector privado, el 59% de los encuestados indicaron que las grandes empresas son las que más tardan en pagarles, superando el plazo legal en un 81% de los casos.
La solución propuesta por la plataforma es la creación de una autoridad que controle y sancione los incumplimientos en los plazos de pago. Caete destacó la importancia de aprobar un reglamento que obligue a los países a crear esta autoridad para garantizar que se cumplan los plazos de pago establecidos de forma obligatoria.
En resumen, la morosidad en los plazos de pago sigue siendo un problema en España, tanto en el sector público como en el privado, y es necesario tomar medidas concretas para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a los proveedores.
